Acuerdos de lenidad firmados por la Contraloría General de la Unión en coordinación con las autoridades estadounidenses y medidas para evitar el acumulación de sanciones

Resumen

Desde 2017, la Contraloría General de la Unión (CGU), en conjunto con la Abogacía General de
la Unión (AGU), han celebrado acuerdos de lenidad. En 2019, estas instituciones firmaron el primer acuerdo coordinado con autoridades norteamericanas para sancionar empresas por los mismos hechos ilícitos de corrupción. Desde entonces, otros acuerdos en coordinación fueron alcanzados. La responsabilidad de las personas
jurídicas por el soborno de agente público extranjero está prevista, en Brasil, en la Ley n. 12.846/2013,
mientras que en Estados Unidos se regula mediante la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Ambas leyes tipifican la conducta de soborno transfronterizo, lo que otorgaría a ambos países la competencia para sancionar actos practicados fuera de sus territorios. La posibilidad de aplicar penalidades por autoridades de más de un país ha sido criticada debido al riesgo de acumulación de sanción. Esto también es una realidad en los casos de acuerdos de lenidad firmados por la CGU en coordinación con las autoridades estadunidenses. El objetivo de este artículo fue evaluar estos acuerdos coordinados desde la perspectiva de las sanciones impuestas
por cada país, con el fin de verificar si se han adoptado medidas para evitar la superposición de sanciones y, en caso afirmativo, si estas son suficientes. A partir de una investigación bibliográfica, doctrinaria y de la legislación, y de un análisis de la jurisprudencia administrativa de los ocho casos concretos coordinados con la participación de la CGU, identificaremos procedimiento de acreditación de valores adoptado por las autoridades estadunidenses como mitigación de la acumulación de sanciones. Los datos revelan que la atenuación de la acumulación de sanciones es parcial: en promedio, alrededor del 70% del valor pagado en los acuerdos firmados con la CGU y la AGU se compensa en los acuerdos con los Estado Unidos, con variaciones significativas dependiendo del caso concreto. Cabe destacar, además, la ausencia, hasta el momento, de normas brasileñas que trataran la reciprocidad, es decir, la acreditación, en los acuerdos de la CGU, de los valores pagados en el extranjero. Sin embargo, normativa publicada por la CGU y la AGU, a finales de 2025, supone un avance, ya que establece criterios y mecanismos para evitar el bis in idem en las negociaciones multijurisdiccionales. Se concluye que, aunque las medidas actuales atenúan el problema, no eliminan por completo la posibilidad de acumulación de sanciones, lo que demanda una mayor armonización procesal para reforzar la seguridad jurídica y fomentar la colaboración de las personas jurídicas.